Víctimas de violencia podrán denunciar con mayor seguridad
Por Marianne Lizana
Cuando una mujer es maltratada por su pareja vive en un riesgo constante, con la esperanza de que la situación mejore… encerrada en un círculo de agresiones, de perdón, y de más violencia… Hasta que decide hablar, buscar ayuda y evitar más maltrato…
En esos momentos, la persona asiste a la Corte más cercana a poner la denuncia, asustada porque nunca ha ido a ese lugar y le parece intimidante. Pero ahora que ya se armó de valor siente que es el momento de un cambio.
Por eso el Poder Judicial tiene un papel muy importante: proteger a esa mujer maltratada, y sancionar a la persona ofensora (su pareja, padre, novio, etc.) para evitar que se repita el ciclo y la situación acabe como la de tantas mujeres que pierden la vida a manos de su compañero sentimental.
La Secretaría de Género del Poder Judicial, consciente de la enorme responsabilidad que tiene la Corte en la protección de los derechos de las víctimas, ha impulsado la creación de los Protocolos de Atención a la Violencia Doméstica y Explotación Sexual Comercial, protocolos internos para atender adecuadamente las situaciones de violencia doméstica y explotación sexual comercial.
Dichos protocolos promueven una atención inmediata y eficiente de la situación de violencia, además del acompañamiento de las personas ofendidas en todo el proceso de denuncia.
Las situaciones de violencia contra las mujeres o de explotación sexual comercial, requieren, en varias ocasiones, del apoyo de varios actores judiciales, por lo que las víctimas tienen que repetir muchas veces el suceso ocurrido, lo que acrecienta su dolor, produciendo la re-victimización de las mismas. Es por ello, que los protocolos proponen acciones que reduzcan la re-victimización a nivel judicial, y se haga efectiva la protección de las personas ofendidas.
El UNFPA ha apoyado a la Secretaría de Género del Poder Judicial, en la producción de estos protocolos y en su difusión entre las fiscalías de todo el país, con el fin de que cada funcionario y funcionaria judicial ejecute las acciones más pertinentes y evitar así poner a las personas ofendidas en mayor riesgo.
