- Oficina de Costa Rica analiza el nuevo informe Estado de la Población Mundial de UNFPA a la luz de la realidad nacional
- Panelistas se refirieron a embarazo en la adolescencia, violencia obstétrica, educación integral de la sexualidad y menstruación y justicia, temas relacionadas con la autonomía corporal de las mujeres en Costa Rica
San José, 15 de abril del 2021. El día de hoy, la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Costa Rica realizó una actividad de presentación del informe Estado de la Población Mundial 2021, titulado: “Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y autodeterminación".
Paula Antezana Rimassa, Jefa de Oficina de UNFPA Costa Rica, introdujo el tema explicando que, a pesar de que en el mundo se ha avanzado en el reconocimiento de la autonomía corporal como un derecho, estamos lejos de hacerlo realidad. “El Informe nos dice que casi el 50 por ciento de las mujeres del mundo no pueden tomar decisiones sobres sus cuerpos y son otras personas las que deciden. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 4 niñas ha tenido un embarazo antes de los 18 años, está unida o casada, por lo general en el marco de relaciones impropias o de poder. Las mujeres no tienen el control sobre sus vidas y sus cuerpos, a pesar de que este es un derecho fundamental”, expresó.
La actividad virtual contó con las palabras de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, Allegra Baiocchi, y la Vicepresidenta Epsy Campbell Barr.
“Este informe marca un hito en la historia del UNFPA porque expresa, de la manera más directa y clara posible, que las mujeres deben tener capacidad de decidir sobre su cuerpo y futuro, sin violencia y sin coacción de ningún tipo. Es poder decir que sí y el derecho de decir no”, afirmó Baiocchi. Agregó que garantizar la autonomía corporal de las mujeres y el acceso universal a la salud sexual y reproductiva es un compromiso adquirido en la Agenda 2030. “No lograremos cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) si no garantizamos el cumplimiento de los derechos de todas las mujeres y niñas”.
La Vicepresidenta Campbell se refirió a uno de los temas que aborda el informe, que es el de embarazo en la niñez y la adolescencia. “Este país tiene que tener la meta de cero embarazos en niñas, eso es violar todos sus derechos. No se trata de disminuir los porcentajes porque con solo una, atentamos contra sus posibilidades de vivir una vida plena y sin violencia”, manifestó. Datos estadísticos e infografías sobre este tema se pueden ver en el Sistema sobre información estadística de nacimientos de niñas y adolescentes en Costa Rica, que el UNFPA y el INEC presentaron el año pasado.
Posteriormente, Evelyn Durán Porras, Analista en Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA, presentó un resumen de los capítulos de este informe global. “Una mujer que no puede decidir si quiere tener hijos, cuándo y cuántos, ni optar por continuar sus estudios en lugar de casarse a una edad temprana, o que acepta la violencia doméstica como un destino inevitable, tiene pocas posibilidades de ganar empoderamiento en la adopción de decisiones en el ámbito laboral, comunitario o de cualquier otro tipo”, expuso.
El informe señala que los indicadores 5.6.1 y 5.6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una forma de medir la autonomía corporal de las mujeres. El primer indicador explora la posibilidad de las mujeres de tomar decisiones para acudir a un centro de salud, usar anticonceptivos y decir que no a su pareja cuando no desea tener relaciones sexuales. Una cuarta parte de mujeres de América Latina no pueden tomar sus propias decisiones en esos tres aspectos. Por su parte, el segundo indicador mide las leyes y normas que los países han establecido para garantizar la autonomía corporal en cuatro ámbitos: anticoncepción, atención materna, educación integral de la sexualidad y salud y bienestar sexuales. Con una nota máxima de 100, Costa rica puntúa un 62% por debajo de países como Uruguay (99%), Colombia (97%) y El Salvador (83%).
La perspectiva nacional
La segunda parte de la actividad inició con la exposición del sociólogo Eugenio Fuentes Rodríguez, quien presentó un resumen de su tesis de Maestría en Salud Pública sobre violencia obstétrica, basada en la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia (ENMA) (MINSA, UNICEF, INEC, 2018). La encuesta reportó que el 57,7 % de mujeres vivenciaron al menos un tipo de violencia obstétrica durante el parto. Descargar el documento
La doctora Angélica Vargas, Coordinadora del Programa Mujer y del Proyecto Mesoamérica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) expuso sobre la labor que ha realizado la institución para prevenir la violencia obstétrica. Se han realizado procesos de sensibilización al personal, dotación de recursos y revisión de la normativa, explicó. “El abordaje ha buscado ofrecer un trato digno y respetuoso a las usuarias”, señaló.
Otro tipo de violencia contra la autonomía corporal se refiere a no brindar educación para la sexualidad. El ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz, expresó que ningún país ha superado la violencia de género y esta ha sido la más grave pandemia. Muñoz inició su exposición contando un caso de violencia hacia una adolescente ecuatoriana, que culminó con su muerte. Puede leer aquí la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Guzmán Albarracín y otras vs. Ecuador (resumen). “Es muy urgente insistir en que los estereotipos de género son caldo de cultivo de la desigualdad, la violencia y la discriminación y el vehículo idóneo para combatirlo es la educación integral en sexualidad”, afirmó. Para él, la educación para la sexualidad es un derecho humano que el Estado debe ofrecer, “se trata de una educación para la igualdad y por ende para una sociedad más justa, solidaria, igualitaria y pacífica”.
La actividad concluyó con la exposición sobre el Proyecto de Ley Menstruación y Justicia, presentado por la diputada Carolina Hidalgo Herrera. “La gestión de menstruación pocas veces ha estado en la agenda de las políticas públicas y lo cierto es que es un tema vital de la autonomía y dignidad de las mujeres”, manifestó Antezana al presentarla. El proyecto propone la reducción del IVA (impuesto de ventas agregado) del 13% al 1% a los productos de higiene menstrual y exige incluir en el curriculum educativo información sobre la menstruación, entre otras cosas. "La diversidad de personas menstruantes es muy variado. Tenemos que hablar de estos temas, haciendo conciencia de lo que este ciclo implica para nosotras", afirmó la diputada.
Puede consultar y descargar todos los materiales relacionados con el informe Estado de la Población Mundial 2021
