Esta Política Pública de la Persona Joven (PPPJ) 2020-2024 reviste una especial importancia para las personas jóvenes y para el país en general por las siguientes consideraciones: Parte de las demandas, necesidades e intereses de las personas jóvenes consultadas a todo lo largo y ancho del país: personas jóvenes indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes, refugiadas, con discapacidad, LGTBIQ+, privadas de libertad y personas jóvenes de las ruralidades.
Pone a las personas jóvenes en el centro del proceso de construcción de la PPPJ 2020-2024 y responde a la diversidad de voces que la constituyen.
Se enmarca en el paradigma de derechos humanos de las personas jóvenes desde la diversidad, sosteniéndose en un robusto marco jurídico y político nacional e internacional, así como de una institucionalidad pública que reconoce, promueve y asume las responsabilidades en el ejercicio pleno de sus derechos.
Se inscribe en un enfoque de juventudes que integra las perspectivas de género, igualdad, inclusión social, justicia social, integralidad, accesibilidad, diversidad cultural, interculturalidad y territorialidad. A partir de estos enfoques intenta deconstruir los mandatos, estereotipos y prejuicios de la cultura adultocéntrica para avanzar en la construcción de entornos adecuados para el desarrollo pleno de las personas jóvenes.
Retoma los retos y desafíos planteados por las personas jóvenes, organizándolos en cuatro grandes nudos críticos: a) las desigualdades culturales e identitarias, b) las brechas sociales y ambientales, c) las desigualdades económicas d) las inequidades políticas.
La elaboración de la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, fue llevada a cabo gracias a la labor del personal del Viceministerio de Juventud y el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven desde sus diferentes áreas, con el apoyo estratégico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Contó con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al Instituto de Desarrollo Rural (INDER), la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC) y a Corporación PROCASUR.
