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Seguridad económica, buen trato y vida sin violencia, atención en salud, desarrollo humano y fortalecimiento de la institucionalidad, son los fundamentos de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción 2022-2032, cuyos avances fueron presentados el 28 de abril en Casa Presidencial.

La formulación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2032 es el resultado de un proceso liderado por Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores (CONAPAM) con el apoyo de la Segunda Vicepresidencia de la República, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) Costa Rica, y otros organismos internacionales y organizaciones sociales. La política busca garantizar y promover los derechos humanos de las personas adultas mayores que viven en Costa Rica, que ronda en alrededor de 663 000 personas. Se espera que en una década sean más de un millón de personas, lo que constituye un importante reto para toda la institucionalidad del país.

La presentación de los avances contó con la participación del segundo vicepresidente de la República 2018-2022, Marvin Rodríguez; el ministro de Desarrollo Humano, Juan Luis Bermúdez; Cristian Vargas, Analista de programa de UNFPA Costa Rica, y el presidente de la junta rectora del CONAPAM, Dennis Angulo.

El UNFPA apoyó en la consulta a más de 400 personas en talleres, más de 110 a través de cuestionarios en línea y 30 entrevistas a profundidad. "Con el intercambio de experiencias con otros países se evidenció la necesidad de atender las interseccionalidades de las personas mayores en las políticas nacionales. Reiteramos nuestro compromiso de seguir a trabajando por no dejar atrás a esta población y continuar el proceso, en concordancia con los requerimientos nacionales”, expresó Cristian Vargas.

El vicepresidente Rodríguez agradeció la colaboración de UNFPA y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde su División de Protección Social y Salud. También reconoció el apoyo de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), que financió la Primera Encuesta Nacional de Percepción de las Personas Adultas Mayores (ENAPAM 2021): fue un insumo valioso para la elaboración del diagnóstico del estado de situación de las personas adultas mayores y base de esta política y su plan de acción.

Principales componentes de la política

La población adulta mayor del país aumenta cada día; de ahí, la urgencia de contar con políticas públicas que brinden respuestas y acciones concretas relevantes para su calidad de vida. En ese sentido, la política sobre envejecimiento y vejez se fundamenta en cinco grandes ejes de acción:

  • Seguridad económica en la vejez: Busca orientar las acciones que garanticen a las personas adultas mayores el acceso a los recursos económicos necesarios, suficientes y sostenidos, que les permitan satisfacer sus necesidades básicas para una vida digna y con calidad.  Además, se protege el derecho de las personas adultas mayores al trabajo remunerado y al desarrollo de actividades productivas.
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  • Buen trato en la vejez y vida libre de violencia: Se orienta a proteger el derecho de las personas adultas mayores a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones, respondiendo a problemáticas de abuso, maltrato y abandono identificadas en el estado de situación.
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  • Atención integral en salud y cuidados: Se busca optimizar las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales y cívicas, y de contar con protección, seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de las personas adultas mayores y permitirles seguir contribuyendo activamente a la sociedad.
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  • Desarrollo humano en la vejez: Busca la creación de entornos en los que las personas adultas mayores puedan desarrollar su máximo potencial, continuar disfrutando de una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses y en los que se respete el conjunto de sus derechos. Para esto es fundamental el acceso a oportunidades de educación, al disfrute de productos culturales y artísticos, así como a actividades deportivas, recreativas que les permitan realizar plenamente sus capacidades y contribuyan a su calidad de vida y al fortalecimiento de su autonomía personal.
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  • Institucionalidad para la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores: Este eje apunta a fortalecer y consolidar la institucionalidad como herramienta para el avance en la aplicación efectiva de los  derechos humanos de las personas adultas mayores, así como a armonizar las políticas y estrategias institucionales,  mejorar la coordinación y articulación entre instituciones,  reforzar sus capacidades humanas, técnicas y materiales y garantizar una participación activa y efectiva de las personas adultas mayores en los procesos de toma de decisiones públicas que les afecten.