El 29 de mayo se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad. En medio de la pandemia por el COVID-19, esta fecha se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre las desigualdades y vulneración de derechos que enfrenta el 18% de la población costarricense
 

San José, 29 de mayo del 2020.

Hace 24 años, el 29 de mayo de 1996, entró a regir en Costa Rica la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (conocida como la Ley 7600), una ley visionaria, que ha sido armonizada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el resto de los habitantes.  

“Nuestro país ha realizado innegables avances en estos últimos  24 años, aunque igualmente innegable es que persisten muchos retos y brechas, para hacer realidad el objetivo de la Ley 7600 y, por ende, de la Convención”, afirma Paula Antezana Rimassa, Representante Auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Costa Rica.  

El Día Nacional de las Personas con Discapacidad se conmemora en medio de un panorama mundial y nacional preocupante, debido a la pandemia del COVID-19, en el cual se exacerban las situaciones de desigualdad y de vulneración de derechos de esta población.

Día a día, en el mundo y en Costa Rica, las personas con discapacidad enfrentan discriminación y obstáculos en el cumplimiento de sus derechos humanos. Pero en esta ocasión, a medida que la pandemia de COVID-19 se extiende, esta población se ve cada vez más expuesta a la violencia de género, la exclusión de servicios básicos y la exclusión en la toma de decisiones que pueden ser determinantes para su futuro y para el futuro de su país.

“Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de acceder a la educación y a la atención de la salud, y menos oportunidades de obtener ingresos o de participar en la comunidad. La pandemia está intensificando estas desigualdades y creando nuevas amenazas”, expresó el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. “Debemos velar por que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás personas a acceder a la atención sanitaria y a los procedimientos vitales durante la pandemia”, agregó.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas, ha señalado que las personas con discapacidad enfrentan mayores riesgos del COVID-19 y se ven afectadas desproporcionadamente por los confinamientos y otras medidas. Además, que se debe garantizar la seguridad de ingresos para las personas con discapacidad durante la pandemia. "El acceso a ayuda financiera adicional también es vital para reducir el riesgo de que las personas con discapacidad y sus familias caigan en una mayor vulnerabilidad o pobreza", agregó.

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS 2018), realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el CONAPDIS, en Costa Rica 670.640 personas mayores de 18 años tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 18,2%  de la población. De ese porcentaje, menos de la mitad de la población con discapacidad, mayor de edad,  forma parte de la fuerza laboral. Estos números sin duda son más preocupantes en tiempos de pandemia, y es deber del Estado y de la sociedad, en general,  salvaguardar los derechos y la dignidad de esta población.

Alice Shackelford, Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Costa Rica, expresó: “Desde Naciones Unidas, hacemos un llamado al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, a las empresas privadas y a toda la ciudadanía , a trabajar en conjunto por lograr un país más inclusivo, que promueva activamente el desarrollo integral de las personas con discapacidad, con la participación activa de ellas y de sus organizaciones, como protagonistas de primera línea. Hacemos un llamado a derribar las barreras que perpetúan la discriminación y la exclusión de las personas con discapacidad, para hacer realidad el principio de No Dejar A Nadie Atrás”.