El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Paula Antezana Rimassa, Jefa de Oficina de UNFPA Costa Rica, recapitula cómo la pandemia de la COVID-19 ha afectado a las personas adultas mayores y la importancia de seguir apoyando políticas públicas a favor de los derechos de esta población.

Sus palabras fueron parte de un evento virtual junto al Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, y el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores (CONAPAM), y se escucharon también durante la sesión del Consejo de Gobierno. En ambas actividades se presentaron los avances de proceso de actualización de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción.

Los derechos de las personas adultas mayores y el impacto del COVID-19

Paula Antezana Rimassa

Jefa de Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Costa Rica

La pandemia ha exacerbado las desigualdades que lamentablemente ha caracterizado a nuestra región, una de las más desiguales. Aunque todas las personas somos susceptibles a contagiarnos de COVID 19, las personas mayores son más propensas a complicaciones y a fallecer, los últimos datos del Ministerio de Salud sobre la pandemia revelan que la edad promedio de las personas fallecidas es de 67.5 años.  Pero además constituyen uno de los grupos más afectados por las medidas de confinamiento que han sido necesarias tomar.

 Por lo anterior, en este día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, es muy importante reflexionar acerca de la importancia de proteger los derechos de las personas adultas mayores y garantizarles condiciones dignas de vida. Es importante recalcar que las personas mayores tienen derecho a la salud y aunque esto pareciera muy obvio, en el contexto de la pandemia es importante destacarlo.

El perfil sociodemográfico del país ha venido cambiando de manera acelerada, ya los últimos datos del INEC nos señalaban una caída importante de la tasa de natalidad. Esto implica también el aumento de personas adultas mayores, que constituyen cada vez más un grupo importante en términos cualitativos y cuantitativos, no solo en el país sino en el mundo. Se calcula que las personas de 60 años o más representan el 11% de la población mundial y de aquí al 2050 esta cifra aumentará hasta llegar al 22%.

En el caso de Costa Rica la población de 65 años y más constituye el 9%[1] y será el 21% en el 2050. La gran mayoría de personas mayores son mujeres, quienes tienen una expectativa de vida de 83.2 años. Esta es una señal importantísima que nos demanda tener siempre la perspectiva de género en toda política o programa dirigida a las personas mayores, pero además, los datos nos permiten también visibilizar otras intersecciones. Por ejemplo, la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (ENADIS) 2018 reveló que el 18.24% de la población está compuesta por personas con discapacidad, 60.94 mujeres y 39.6% hombres. El 32.6% de las personas con discapacidad tienen 65 años y más.

Esta realidad nos exige tener siempre presente el enfoque de derechos humanos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con el enfoque también de derechos humanos y del modelo social de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos de las personas de edad , Rosa Kornfeld-Matte, en la misión realizada en el año 2016, apuntó una serie de desafíos que enfrenta el país en lo que respecta a la violencia y abandono que viven muchas personas adultas mayores, los cuales cobran una relevancia particular en esta época de pandemia que vivimos. Por ejemplo, señaló su preocupación sobre aquellas personas mayores abandonadas por sus familiares en hospitales. Esta es una situación que también hemos visto con la pandemia y que constituye una de las formas más graves de maltrato en la vejez. También hay otros abusos y maltratos que van desde la violencia física hasta la patrimonial, pasando por la negligencia, el aislamiento.

El país cuenta con un adecuado marco legislativo y de políticas pública y en este momento está en proceso de actualización de su Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción, proceso en el que participamos con mucho compromiso desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.

El país se distingue como uno de pocos que emprende la tarea de elaborar esta política pública en medio de una pandemia, un esfuerzo que además cumple con el objetivo de contar con la participación de las personas mayores en su diversidad, incluyendo a personas afrodescendientes, indígenas, LGTBIQ, personas con discapacidad, migrantes y en situación de refugio, entre otros y otras.

El UNFPA se honra en apoyar este proceso que se alinea con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y con nuestro  compromiso de “No Dejar a Nadie Atrás”.