Artículo escrito por: Juan Luis Bermúdez Madriz
Jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica
La eliminación total de prácticas peligrosas para el libre y pleno desarrollo de las niñas y adolescentes del país es un imperativo de derechos humanos, y una gran apuesta intergeneracional por un bono de igualdad de género en una sociedad en acelerado envejecimiento.
En América Latina y el Caribe, la fecundidad en la adolescencia es la segunda más alta entre las regiones del mundo, siendo cinco veces superior que la de países de ingresos altos y no muy lejana a la de África. En el año 2022, en Costa Rica el número de nacimientos en adolescentes entre los 15 y los 19 años alcanzó los 4 724, en tanto el grupo de 14 años o menos el total fue de 211 (más de cuatro por semana en promedio). Estas cifras se aproximan al 9% del total de nacimientos en el país. Además, actualmente cantones fronterizos y costeros superan y casi duplican el promedio nacional de nacimientos en niñas y adolescentes, particularmente, indígenas, afrodescendientes y migrantes.
No obstante, los datos muestran una evolución notable y no casual. Vale recordar que en el año 2000 el número total de nacimientos en adolescentes y niñas rondaba los 16 mil y representaban un 21.2% del total anual.
Las causas remiten a una política multisectorial y sostenida en el tiempo del Estado Social y Democrático de Derecho que desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) queremos resaltar como un ejemplo a seguir en la región. A la vez que, basados en la experiencia internacional aprovechamos para hacer vez un llamado para no dar por sentados los resultados acumulados, ni considerar que su positiva tendencia actual será inercialmente constante o irreversible. Avanzar requerirá renovados esfuerzos de todos los actores sociales.
Por ello, vale la pena rescatar los grandes pilares institucionales y normativos que lideran este cambio social que la sociedad costarricense ha construido en casi tres décadas sobre este tema.
La creación del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (CIAMA) mediante la Ley General de Protección a la Madre Adolescente, No. 7735. Es la instancia que, liderada por el Ministerio de Salud, articula instituciones del sector social (MEP, PANI, IMAS, INA, MTSS, CPJ), sector salud (CCSS, CEN CINAI), empresas privadas, agencias de Naciones Unidas, y organizaciones no gubernamentales - Fundación Paniamor amerita una destacada mención- para la disminución del embarazo y el abordaje integral de la salud en niñas y adolescentes.
El Código de Niñez y Adolescencia, con los Subsistemas de Atención de la Niñez y la Adolescencia, Ley No. 7739; y la Creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, Ley No. 8688. Sus sistemas locales de protección, así como la creación de las Redes Interinstitucionales y Comunales, han brindado un brazo operativo muy valioso para la implementación y seguimiento de acciones en las regiones y comunidades.
La Ley de Paternidad Responsable No. 8101 (2001) y la Ley de Relaciones Impropias, No. 9406 (2016). Ambos cuerpos jurídicos constituyen un marco de exigibilidad de derechos basados en el interés superior de la persona menor de edad, para la determinación de progenitores y de sus obligaciones derivadas del Código de Familia y del Código Penal. Su difusión constante e implementación precisas por parte de las instituciones continúa siendo clave en lograr mayores y más profundos resultados.
Los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del MEP. Han permitido que las y los jóvenes desarrollen pensamiento crítico y reflexión para tomar decisiones saludables, basadas en la evidencia y en un marco de derechos humanos para el autocuidado, la autonomía y la primacía del respeto común en las relaciones interpersonales.
El Modelo nacional para el abordaje integral de la persona adolescente de la CCSS. Legado de la Iniciativa Salud Mesoamérica, ha desarrollado un conjunto de intervenciones basadas en la consejería, el apoyo de pares, el acompañamiento interinstitucional y el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y de larga duración a población adolescente desde los servicios de salud.
Hay que enfatizar que los datos son incuestionables al medir el impacto de estas dos últimas medidas. La reducción anual de nacimientos en adolescentes ha alcanzado un 10% promedio en los últimos 10 años; mientras en los primeros 12 años del nuevo siglo fue de 1% promedio.
Las campañas educativas y los esfuerzos complementarios han sido múltiples en este nuevo siglo. Entre ellas “Yo quiero educación sexual para mi hija, como el 93% de la población lo quiere”; “Tus decisiones tienen consecuencias”; “Lagarteando”; “EnSEÑAndo sexualidad” (campaña en Lesco); y “Prueba de amor-Podemos decir No”. Se suman también la creación del sistema estadístico sobre los nacimientos en Costa Rica del UNFPA-INEC; la publicación de la “Caja de Herramientas para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia y la Violencia contra las mujeres” UNFPA-INAMU; y el material didáctico “Rescatando el Equilibrio" para la prevención de las relaciones impropias con población indígena Bribri y Cabécar de Talamanca, entre muchos otros.
Este recuento, tiene como fin reconocer el impacto acelerador de los consensos sociales plasmados alrededor de políticas de Estado y reiterar una vez más que la meta es llegar a cero lo antes posible. Para garantizarla se requiere todavía más acción intencionada de la institucionalidad, más recursos y alianzas público-privadas, y más participación que aceleren el cambio cultural.
La igualdad de género es una transformación que el país ha sabido orientar, pero aún que demanda de nuestra mejor gesta de aceleración para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabiendo que de ello dependerá que casi 5 mil niñas y adolescentes no enfrenten cada año el riesgo de ser dejadas atrás.
