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De manera sencilla y entretenida, este documento servirá para que las personas con discapacidad, sus familiares y personal de instituciones conozcan los alcances de la Ley 9379, que promueve la autonomía de las personas con discapacidad para decidir su proyecto de vida

 

San José, 20 de Junio del 2018.  En el 2016, Costa Rica se convirtió en un país pionero en la región, al aprobar una ley que reconoce a las personas con discapacidad su capacidad jurídica en forma plena, es decir, el derecho de decidir su proyecto de vida y tomar sus propias decisiones en todos los órdenes de su vida, incluyendo aspectos patrimoniales, personales y de ciudadanía como la emisión del sufragio. Se trata de la Ley N°9379 Ley de Promoción para la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que entró en vigencia el 30 de agosto de 2016.

 

Para promover la difusión y aplicación de esta importante ley, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en conjunto con el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), han producido una versión pedagógica de este documento que, utilizando la metodología de la educación popular, desarrolla con historietas y explicaciones muy claras los principales contenidos de la ley.

 

El trabajo, que incluyó la conformación de un equipo profesional en educación popular y de personas expertas en el tema de discapacidad, así como de consulta y validación con personas con discapacidad, inició el año pasado y fue presentado el día de hoy en un hotel capitalino.

 

“Con esta pionera ley, el país rompe muchos años de tradición jurídica que consideraba que ciertas personas con discapacidad, en especial las personas con discapacidad cognitiva, carecían de capacidad de actuar, es decir, de la posibilidad de tomar sus propias decisiones en el ámbito patrimonial, pero también en el personal, por ejemplo, contraer matrimonio o tener hijos. Con esta ley se dan pasos firmes hacia el objetivo de no dejar a nadie atrás en los esfuerzos hacia el desarrollo y la igualdad, como lo plantean la Agenda hacia el 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, explicó Paula Antezana, Representante Auxiliar de UNFPA Costa Rica.

 

“Con esta versión de la Ley de Autonomía buscamos brindar a más personas con discapacidad una herramienta de uso simple que les permita apropiarse, conocer y defender sus derechos” indicó Lizbeth Barrantes Arroyo, Directora Ejecutiva de Conapdis.   También participó el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, quién indicó que en Gobierno acompañará los esfuerzos de las personsa con discapacidad. 

 

La actividad de hoy contó con la participación de tres comentaristas: Catalina Devandas, costarricense que se desempeña como relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, quién se unió a la actividad por medio de videollamada desde Ginebra. También participaron Karla Ballestero, presidenta de la Organización DITSU de autonomía personal, quién analizó la ley desde la perspectiva de una persona usuaria de algunas de las figuras que crea la Ley, como la asistencia personal humana, y Wendy Barrantes, de la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho y activista del movimiento de vida independiente de las personas con discapacidad.

 

Además, como moderadora participó Erika Álvarez, directora de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y co-redactora de la Ley de Autonomía Personal.

 

¿Cómo lograr esa autonomía?

 

Esta ley nace a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (del 2006 y ratificada por el país mediante Ley 8661 del 29 de setiembre de 2008), específicamente del artículo 12 que se refiere al derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley de las personas con discapacidad.

 

Esta ley protege de manera particular, los derechos de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y aquellas en situación de pobreza, a la igualdad jurídica y a la autonomía personal. Con ese fin, establece tres apoyos fundamentales que el Estado debe brindar:

 

  1. Asistente personal, brinda servicios a las personas con discapacidad que requieren de apoyo para la realización de actividades de la vida diaria.
  2. Garante para la igualdad jurídica, es una persona o institución cuya función es asegurar la igualdad jurídica de las personas con discapacidad intelectual, mental o psicosocial.
  3. Acceso a productos y servicios de apoyo, que faciliten el desarrollo de la autonomía personal de las personas con discapacidad y cuyo acceso el Estado debe garantizar a las personas en condición de pobreza.

 

Puede acceder a la versión digital de la versión pedagógica de la Ley de Promoción para la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad en: https://costarica.unfpa.org/.